Madrid - La nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial entrará en vigor el próximo 20 de enero, después de que ayer fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y aprobada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados el 29 de noviembre tras ocho meses de tramitación parlamentaria.

Su debate en las Cortes supuso una sustancial modificación del texto inicial remitido por el Gobierno, que tuvo que presentarlo otra vez en el Congreso porque un error en la votación del PP lo devolvió al Ejecutivo .

La normativa introduce, ente otras novedades, un régimen sancionador que incluye medidas reeducadoras, prohibe el uso del teléfono móvil si no está expresamente adaptado al vehículo y permite que los niños mayores de siete años viajen de "paquete" en las motocicletas.

La nueva Ley prohibe el uso del teléfono móvil cuando se conduce y de otros medios de comunicación, a no ser que estén perfectamente adaptados al vehículo y no sea necesario el uso de las manos ni de auriculares.

La ley regula el sistema de infracciones y califica de muy graves la conducción bajo los efectos del alcohol, no someterse a las pruebas de alcoholemia, la conducción temeraria y sobrepasar en más de un 50 por ciento la velocidad máxima autorizada, siempre que ello suponga superar al menos en 30 kilómetros por hora ese límite.

La circulación en sentido contrario al establecido, las competiciones y carreras no autorizadas, el exceso en más de un 50 por ciento en los tiempos de conducción y el incumplimiento de los tiempo de descanso establecidos para el transporte terrestre, son otras infracciones consideradas como muy graves en el texto.

En este catálogo de infracciones muy graves se ha suprimido la omisión del deber de socorro al tratarse de una conducta tipificada y sancionada en el Código Penal.
La suspensión del permiso de conducir podrá cumplirse de forma fraccionada y la cuantía de la multa podrá reducirse hasta en un 30 por ciento por "pronto pago", así como sustituir parte de la misma por medidas reeducadoras.

Acumular tres infracciones muy graves en dos años supondrá la revocación del permiso de conducir, a no ser que el conductor infractor se someta a un curso de reciclaje en un centro autorizado y acredite haberlo superado con aprovechamiento.

La ley prohibe además instalar en los vehículos sistemas "anti-radar" para eludir la vigilancia policial.

A partir de la entrada en vigor del nuevo texto, los agentes podrán inmovilizar un vehículo no sólo cuando supere los niveles de ruido permitidos, sino también los de gases y humos.
El texto incluye una disposición en la que obliga al Gobierno a regular, de acuerdo con la normativa europea, la incorporación de elementos de seguridad que hagan visible al conductor cuando tenga que parar y salir del vehículo.
Muchas de estas novedades tendrán que ser reguladas en los respectivos reglamentos que en los próximos seis meses deberá elaborar la administración central. EFE