Las víctimas
de malos tratos pueden acceder desde hoy a las prestaciones
sociales y económicas gracias a la entrada en vigor
de la Ley Integral contra la Violencia de Género,
publicada hace un mes en el B.O.E. El texto, que ofrece
medidas asistenciales, presta especial atención a
las políticas educativas.
La nueva legislación, primera
de carácter integral en toda la UE, recibió
el refrendo definitivo del Parlamento el pasado 22
de diciembre y, además, fue aprobada por unanimidad
en las tres ocasiones en que se sometió a debate
en el Congreso y el Senado (dos en la Cámara
Baja y una en la Cámara Alta)..
Ve la luz, por tanto, el primer proyecto
de Ley remitido por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero al Congreso el pasado 25
de junio. No obstante, algunos de los aspectos más
polémicos de la Ley, la tutela penal y procesal,
tienen una 'vacatio legis' de seis meses, por lo que
el agravamiento de penas a hombres que maltraten a
sus parejas o ex parejas y los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer no verán la luz hasta finales
de julio.
La Ley abarca aspectos preventivos,
educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y
penales y ha implicado a siete ministerios (Educación,
Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad,
Administraciones Públicas y Economía).
El Gobierno calcula un coste anual de entre 50 y 80
millones de euros hasta la implantación definitiva
de todas las medidas previstas en la Ley.
Para un efectivo reconocimiento
del derecho a una asistencia social integral de las
víctimas, se prevé la dotación
de un fondo financiero durante los dos años
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley al que
podrán acceder las comunidades autónomas
(competentes en materia de servicios sociales). En
breve, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
celebrará una reunión con los responsables
autonómicos para decidir el reparto de este
fondo, que en su primer año está dotado
con 10 millones de euros.
Trabajo y vivienda
Igualmente, la Ley recoge toda una
serie de derechos sociales y laborales, como la prioridad
en la adjudicación de viviendas, la reducción del
tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, la suspensión
de relación laboral con reserva del puesto de trabajo
y la extinción del contrato. En estos dos últimos
casos con derecho a la protección por desempleo.
Al mismo tiempo, contempla un programa
de inserción laboral para víctimas, con cobro de renta
activa. Para quienes no puedan seguir el programa,
se establece una ayuda económica. El texto también
incluye actuaciones de detección precoz en materia
sanitaria y programas de sensibilización y formación
de personal sanitario.
Así, recoge el establecimiento de
protocolos sanitarios de actuación para la prevención,
la detección precoz y la intervención continuada.
En los protocolos se establecerá expresamente la colaboración
con la Administración de Justicia.
Más seguridad
En materia policial, establece la
creación o refuerzo de unidades especializadas en
el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil
y se abre el cauce para la cooperación de las policías
locales. También se prevén los cursos de formación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad módulos de igualdad
y no discriminación.
Por otro lado, se facilitará a los
condenados por actos de violencia contra la mujer
el acceso a programas específicos de rehabilitación,
y las juntas de tratamiento valorarán estos cursos
a la hora de otorgar beneficios penitenciarios a los
condenados por violencia de género. Finalmente, la
norma contempla campañas informativas de prevención
y sensibilización y convierte en ilícita la publicidad
sexista.
